Luego de la decepcionante decisión del gobierno (a través de su presidente de la PCM) de prorrogar el plazo de fomalización de la minería informal hasta el año 2016, uno no entiende en realidad el cambio de rumbo tomado un año atrás, fomentado por el propio .

"La minería ilegal es uno de los ejemplos más claro de la flagrante incapacidad del Estado para imponer orden dentro de su territorio" escribe hoy en un articulo el especialista Gonzalo Castro. Tiene razón. La ausencia de reglas claras y contundentes fomentan, indirectamente, una actividad no solo depredadora y contaminante (mirar el mapa de los estragos en Madre de Dios es para llorar de rabia) sino además arrastran una cadena de estragos que incluye, entre otros, la trata personas, prostitución clandestina, caos y anarquía.

La minería ilegal es controlada por mafias que ganan millones sin ser fiscalizados y con total impunidad. No pagan impuestos y sin embargo tienen un poder fáctico que nace, en varios casos, de la corrupción. No se puede hablar de gente sin dinero, al contrario (se estima que el clan de los Baca-Casas maneja más de 4 mil hectáreas que le generan, se calcula, casi 20 millones de dólares anuales). La reina de la minería informal en Puno se dio el lujo de comprar una finca avaluada en 8 millones de dólares en España, antes propiedad de Rocío Jurado y Ortega Cano.

Pero mientras estos grupo de poder económico real (que se dan el lujo de tener amigos en el estado y financiar campañas electorales) son tratadas con guantes de seda, al trabajador independiente le aplican el 13% más de retención de ingresos. ¿El Estado puede tener avalar tan alegremente este tipo de inequidades?

El congresista Comeoro debe estar muy feliz, pues ya justificó todo su lobby. Lo más triste, sin embargo, es que no solo se trata de evasión ni de corrupción. Se trata de esclavitud, de condiciones infrahumanas en las que trabajan las personas, de maltrato a personas y, aún más, de la ya acelerada y desvergonzada destrucción de la Amazonía y el ecosistema, con la defección del Estado y del gobierno de su tarea primordial de garantizar una vida digna y mejor a sus ciudadanos.